La falta de regulación para el uso de publicidad oficial permite que esos recursos públicos se usen con fines electorales, advirtió la organización Artículo 19.
«La publicidad gubernamental es hoy, ante todo, una herramienta proselitista que desde la Secretaría de Gobernación controla campañas para crear perfiles aceptables para la ciudadanía votante», afirmó en su informe anual titulado «Democracia simulada, nada que aplaudir».
«La falta de criterios para la asignación de esta publicidad permite que los actores gubernamentales utilicen el dinero público para distorsionar las coberturas de medios y, finalmente, generar un desequilibrio en la contienda electoral».
Artículo 19 es una de las dos organizaciones que ganaron un amparo que obliga al Congreso a crear una ley antes de abril para regular la publicidad oficial.
En su informe, destaca que, con cifras preliminares de 2017, en los primeros cinco años de la Administración de Enrique Peña Nieto, el Gobierno federal ha gastado 40 mil 597 millones 452 mil 99.51 pesos en publicidad.
De esa cantidad, el 56 por ciento fue otorgado tan sólo a 20 medios de comunicación, mientras que el restante se dividió en 3 mil 108 medios.
«Televisa concentra el 16.45 por ciento del gasto (6.6 mmdp), Estudios Azteca, 9.70 por ciento (3.9 mmdp), y Starcom Worldwide el 3.20 por ciento (1.2 mmdp)», se precisa en el reporte.
«Si bien la publicidad oficial se da, precisamente, fuera de las campañas políticas, la asignación discrecional y arbitraria sí tiene un fin electoral y político», se agrega en otra parte del documento.
La institución que más gasta en publicidad es, por mucho, la Secretaría de Salud, la cual ha destinado 6 mil 680 millones de pesos para tal fin, seguida del Consejo de Promoción Turística de México (Promotur), con 3 mil 939 millones de pesos, y la Secretaría de Educación Pública (SEP), con mil 298 millones de pesos.
Simulación, protección a prensa.- Artículo 19
El Estado mexicano ha simulado la protección a periodistas, sentenció Artículo 19 tras analizar la última década, en la que cada año las agresiones a la prensa han ido en aumento.
Al cumplir 10 años de trabajo en México, la organización internacional destacó que 2017 ha sido el más violento para los periodistas.
«Desde que empezó el sexenio actual, cada año ha sido más violento que el anterior; 2017 no es la excepción, con 507 agresiones, incluyendo 12 asesinatos y una desaparición forzada», se precisa en el documento.
«Aún peor, el propio Estado mexicano se erige como la principal fuente de peligro: en 48 por ciento de las agresiones contra las y los periodistas participan funcionarios de los tres niveles de Gobierno».
En total, en los primeros años cinco años de la actual Administración federal, Artículo 19 documentó mil 986 agresiones de diferentes tipos, entre ellas la privación de la libertad, que aumentó 2.5 veces en el Gobierno de Enrique Peña Nieto respecto al de Felipe Calderón.
«El Estado ha simulado la protección de periodistas, pues ha faltado, una y otra vez, a la debida diligencia en la prevención, investigación y sanción de tales violaciones», se sentencia en el informe presentado hoy.
«En efecto, ninguna acción emprendida hasta el momento, ni por el Gobierno federal ni por los Gobiernos estatales, aporta seguridad alguna a los periodistas; por el contrario, han puesto en evidencia el desamparo y la impunidad como formas constantes y perdurables de agredir».
Cuestionan independencia en el INAI
Aunque reconoce el papel del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personal (INAI) en la formación del Sistema Nacional de Transparencia, Artículo 19 cuestiona su labor.
«Con el paso del tiempo, éste también se fue acomodando a las presiones del sistema y a la incapacidad del Gobierno de rendir cuentas».
Según Artículo 19, la actuación de las y los comisionados no ha sido sólida y sistemática, respecto a la prevalencia del principio pro personae y el de máxima publicidad.
«Lo anterior nos habla de una realidad a la que México se enfrenta de manera cotidiana: hay buenas leyes, pero instituciones débiles, cuya eficiencia recae en titulares inexpertos, vinculados a algún partido político y carentes de legitimidad social», añade.
«Así empiezan las medidas que el Estado toma para hacer de la búsqueda y recepción de información un mecanismo complejo y sólo para unos cuantos».
Ayer, la comisionada y ex presidenta del INAI, Ximena Puente, fue criticada luego de su registro como aspirante a diputada federal plurinominal por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Puente, quien concluye su periodo en el INAI el último día de marzo, quedó anotada en el sexto lugar de la quinta circunscripción electoral, ya que es originaria de Colima.
