Empleadores de Estados Unidos manifiestan su preocupación por los efectos que tendrá el fin de programas migratorios como DACA y el TPS, bajo los cuales cientos de miles de migrantes han obtenido permisos para trabajar en territorio estadounidense, y sin los cuales se verían obligados a buscar nueva mano de obra.
«Si se deshacen del 26 por ciento de mis empleados, creo que tendré que rescindir algunos de los contratos», señaló Víctor Moran, director ejecutivo de Total Quality, una compañía de servicios de limpieza en el área de Washington.
«A menos que esté dispuesto a violar la ley», añadió al negar dicha posibilidad.
La empresa emplea a 228 personas con estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés), entre los que destaca un grupo de migrantes de El Salvador.
Concentrados en California, Texas, Florida, Nueva York, Virginia y Maryland, miles de personas trabajan principalmente en la construcción, restaurantes y tiendas, así como como de jardineros y niñeros, de acuerdo con datos presentados por el Centro de Estudios de Migración, una organización sin fines de lucro que ha abogado por la extensión del programa.
Con el anuncio del fin de la protección, más de 45 mil haitianos tendrán que salir de Estados Unidos antes de julio de 2019; mientras que alrededor de 57 mil hondureños esperan librar la expulsión con una extensión del programa.
Asimismo, con el retorno de miles de personas a sus países de origen, se privaría al sistema de Seguridad Social de cerca de 6 mil 900 millones de dólares en contribuciones por década, y se reduciría el Producto Interno Bruto en 45 mil 200 millones, según un estudio del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes.
Mientras, la Administración Trump y sus partidarios justifican con un argumento económico los controles más estrictos sobre inmigración: dichos trabajos, dicen, podrían ser hechos por estadounidenses.
«El TPS no existe para la conveniencia de las industrias que dependen de la mano de obra extranjera de bajos salarios», señaló Ira Mehlman, vocero de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense.
«Cuando los estadounidenses rechazan los salarios y las condiciones de trabajo que ofrecen, argumentan que los estadounidenses no están dispuestos a aceptar los empleos», agregó.
En cambio, los líderes empresariales a menudo insisten en que no pueden encontrar suficientes trabajadores en absoluto, y mucho menos estadounidenses.
Por lo que las empresas de construcción que enfrentan una escasez de mano de obra en todo el país tendrían que reemplazar a los trabajadores por ciudadanos legales.
«No hay estadounidenses afuera que acepten los trabajos», indicó Mark Drury, vicepresidente de Shapiro & Duncan, una empresa de plomería, calefacción y refrigeración del área de Washington.
Recientemente, la compañía y sus asociados han recurrido a la búsqueda de gerentes de proyectos, ingenieros, soldadores y plomeros, e incluso entrenó y contrató a un ex minero de carbón que decidió cambiar de carrera, aunque no ha tenido mucho éxito en el reclutamiento, ya que no muchas personas están dispuestas a cambiar de domicilio.
Con las nuevas medidas, la firma tendrá que despedir a 14 trabajadores salvadoreños, informó el empresario, además de manifestar su preocupación por los cerca de 30 empleados beneficiados por el Programa de Acción Diferida para los llegados en la Infancia (DACA), próximo a terminar.
Aunque estarán sujetos a la deportación, es probable que muchos inmigrantes próximos a perder los beneficios temporales otorgados por el Gobierno permanezcan en Estados Unidos.
Otro ejemplo del impacto de la expulsión de migrantes es el caso de Walt Disney Company, la cual previo a la decisión de noviembre anunció que también apoyaba una extensión del TPS, ya que aseguró que empleaba a más de 500 haitianos protegidos.
