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Urgen excluir pruebas en caso Iguala

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El Poder Judicial debe excluir del expediente del caso Ayotzinapa las pruebas que fueron obtenidas bajo tortura, consideró Jan Jarab, representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

Jarab presentó oficialmente el documento «Doble injusticia, Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa», en el que la oficina que dirige encontró fuertes evidencias de tortura en 34 de los primeros detenidos.

«Al Poder Judicial se le llama a excluir todas las pruebas obtenidas bajo tortura y a incorporar, en el expediente, los peritajes independientes, por ejemplo, los Protocolos de Estambul hechos por la CNDH (Comisión Nacional de los Derechos Humanos)», sostuvo.

El Gobierno federal, explicó, sólo ha obtenido dos dictámenes positivos para tortura, cuando instancias internacionales han expresado que las autoridades aplican de manera incorrecta el Protocolo de Estambul.

«Señalando que los protocolos de Estambul se están utilizando en México como instrumento único y para excluir tortura, cuando en realidad es un elemento que debe ser considerado en el contexto de otras pruebas», afirmó.

«Y finalmente (los órganos internacionales) señalan que los protocolos se están aplicando por instituciones no independientes, como en este caso, por la misma PGR que es señalada por haber cometido los actos de tortura».

Por ello también reiteró su llamado a crear una Fiscalía General independiente, para que la Procuraduría General de la República no sufra sólo un cambio de nombre estético.

Jarab reconoció que en los casos en los que los detenidos sólo fueron procesados por declaraciones obtenidas bajo tortura, las personas podrían salir libres.

«Si existen otras pruebas contra los procesados, la exclusión de las pruebas obtenidas bajo tortura no debería significar su liberación automática», dijo.

El representante aclaró que el informe no tiene la intención de establecer una teoría del caso ni valora las existentes, ni se pronuncian sobre la culpabilidad o inocencia de los detenidos.

«Queremos ayudar al público mexicano a entender que oponerse a la tortura no significa estar a favor de los delincuentes», aseveró.

«Sabemos que quienes sufren tortura no dicen necesariamente la verdad, sino lo que quiere escuchar el torturador».

El informe se titula «doble injusticia», dijo, debido a que la tortura es una injusticia para los procesados, pero también para los padres de los normalistas desaparecidos, pues les afecta en su derecho a la verdad.

Aunque aclaró que toda la información que utilizaron para la elaboración del informe se encuentra en el expediente del caso, reprochó que no haya ninguna autoridad castigada por los actos de tortura.

«Hasta la fecha no tenemos ninguna información de que alguien haya sido responsabilizado por los actos de tortura u otras violaciones a derechos humanos de las personas procesadas, los funcionarios responsables permanecen impunes», lamentó.

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