La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) solo ha recibido tres controversias constitucionales contra el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que ordena a las fuerzas armadas regresar a las calles para realizar labores de seguridad por cinco años, esto a unas horas de que venza el plazo para impugnar la medida.
Las controversias han sido canalizadas a la ministra Margarita Ríos Farjat, quien aún no admite a trámite las presentadas por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles; la de la presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, y del municipio de Colima.
El pasado 11 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que permite a las fuerzas armadas participar “de manera extraordinaria” en labores de seguridad, sin exceder los cinco años, medida que se tomó en la época de mayor violencia. Su presencia en las calles será hasta que la Guardia Nacional logre desarrollar su estructura, capacidades e implantación territorial.
Hace unas semanas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, dijo que, si bien hay avances muy importantes en torno a la creación administrativa e implantación territorial de la Guardia Nacional, dicha institución aún se encuentra en proceso de consolidación, sobre todo en lo que hace al despliegue que se necesita para cubrir todo el territorio nacional.
Por su parte, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que la controversia constitucional interpuesta por Rojas, no representa la opinión de la mayoría parlamentaria, pues, según dijo, sus afirmaciones son “falsas”, develan “intencionalidad política” y tienen “tinte partidista”. Advirtió por ello el pleno cameral votará contra la decisión de interponer dicho recurso ante la SCJN.
“La Cámara de Diputados votará contra la decisión tomada por la actual presidenta de la misma en relación con la controversia constitucional mencionada. Toda decisión de la presidenta está sujeta al criterio de la asamblea, dice nuestro marco jurídico”, remarcó la bancada morenista.
El grupo parlamentario encabezado por Mario Delgado consideró grave que Rojas acuse al Presidente de la República de realizar un fraude a la Constitución. Cuestionó además la afirmación de la legisladora con respecto que el acuerdo presidencial no se encuentra encaminado a la desmilitarización paulatina de las labores de seguridad, sino acepta el uso de las fuerzas armadas en labores que, en principio, no le corresponden.
Los diputados de Morena sostuvieron que el proceder del Presidente está sustentado en los artículos quinto y sexto transitorios de la reforma constitucional por la que se creó la Guardia Nacional. Subrayaron que hoy se busca responder al grave problema de inseguridad desatado por las fallidas políticas de los gobiernos anteriores y fijar una ruta clara para el regreso de las fuerzas armadas a sus actividades ordinarias.
Por separado, la bancada del PT condenó la controversia constitucional contra el decreto presidencial y le exigió presentar el recurso a título personal. “Las y los diputados del PT rechazamos la acción de la Presidente de la Mesa Directiva Laura Rojas porque es su intento de dañar al presidente López Obrador.
Debe saber que no fue avalada por la mayoría de las y los diputados de la Cámara de Diputados”, puntualizó. Ante esto, la CNDH exhortó al Congreso de la Unión para que, a la brevedad posible, definan en la legislación secundaria correspondiente, los términos de “extraordinaria”, “regulada”, “fiscalizada” “subordinada” y “complementaria”, a que hace referencia el Transitorio Quinto del Decreto que modifica la Constitución en materia de Guardia Nacional y la manera en cómo deberá disponerse de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública.
Coordinación Nacional Disminuye históricamente delito de secuestro
La Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase) calificó de histórica la disminución de secuestro en el país, pues en mayo solo se registraron 53 casos, convirtiéndose en el número más bajo desde 2012, año a partir del cual se comenzó a medir de manera oficial la incidencia de este delito.
De julio de 2019 a junio del presente año, se han desarticulado 182 grupos delictivos dedicados al secuestro y se logró la detención de mil 599 probables delincuentes, además de que se liberaron a 889 víctimas, de las cuales 74 eran de nacionalidad extranjera, indicó el órgano administrativo dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La Conase señaló que, con los 53 casos documentados, se muestra una disminución de 54.3 por ciento, en la comparativa de mayo de 2019 respecto a mayo de 2020.
