Estrategia de la Codhey para los casos de arresto
La Comisión de los Derechos Humanos de Yucatán (Codhey) realiza una importante labor en torno a la capacitación de los cuerpos policíacos de la entidad en materia de derechos humanos, para que éstos no sean vulnerados en aquellas personas que son detenidas.
Según información obtenida del organismo, en los últimos cinco años más de 8,000 elementos de corporaciones policíacas municipales y estatal, personal de la Fiscalía General y juzgados han recibido este curso de 12 horas de duración.
Esa formación ahonda en los aspectos fundamentales de la preservación de derechos humanos en el actuar de los policías.
Temas
El detalle general del curso “Formación en Derecho Humano en Funciones Policiales”, lo han tomado más de 8,000 policías y funcionarios de la Fiscalía y juzgados, tan solo en lo que va de este año lo han tomado casi 1,800 elementos.
El objetivo general es sensibilizar a los oficiales de seguridad pública sobre la importancia del reconocimiento y protección del derecho de las personas de recibir una atención digna en el ejercicio de sus derechos, evitando tratos como la violencia y la discriminación en el desempeño de sus funciones, especialmente en su deber de custodiar la seguridad de los detenidos.
Asimismo, concienciar para prevenir las conductas violatorias de derechos humanos, en particular evitar actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes que vulneren la dignidad de las personas.
Según el plan de trabajo, al finalizar el curso se espera que el personal sea capaz de reconocer el concepto de los derechos humanos y sus características; identificar la seguridad pública como un derecho humano; reconocer lo fundamental de su actuación en la protección de los derechos de los detenidos y manejar el concepto de la violación a derechos humanos y sus consecuencias en caso de incurrir en alguna conducta violatoria de los derechos humanos.
También se logra con este curso identificar el uso legítimo de la fuerza dentro del desempeño de sus funciones policiales, garantizando un trato digno a los detenidos; enunciar los deberes generales y específicos que tiene como primer respondiente en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Además, reconocer como parte esencial del ejercicio de la función policial el trato digno, sobre todo hacia los grupos vulnerables, que por su condición son víctimas de algún tipo de discriminación o maltrato.
De igual manera, aplicar estrategias efectivas para que sus funciones policiales, especialmente en detenciones y puesta a disposición, sean realizadas estrictamente con apego a los protocolos y estándares internacionales desde el primer momento de su intervención ante autoridad competente, y reconocer que la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes, así como la desaparición forzada, son considerados como un delito en nuestro estado.
El curso se divide en tres sesiones, la primera “Derechos Humanos y Sistema penal Acusatorio” y “Derechos Humanos y Funciones Policiales”.
La segunda sesión es sobre “Derechos Humanos de los detenidos”, “Condiciones de los detenidos en centros de internamiento”, “Prevención de la tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradantes” y “Desaparición Forzada”.
La tercera y última sesión abarca “Derechos de Grupos LGTTTI” y “Derechos de las Personas con VIH”.
Este curso fue impartido en 2017 a 880 personas, 832 hombres y 48 mujeres; en 2018 fueron 1,374, de ellos 979 hombres y 395 mujeres.
El 2019 fue el año que más personas tomaron el curso, 3,004, de las cuales 2,618 fueron hombres y 386 mujeres; en 2020, a raíz de la pandemia, solo se impartió a 960 de los cuales 569 fueron hombres y 391 mujeres.
En lo que va de 2021 lo han tomado 1,790 elementos de los cuales 993 son hombres y 797 mujeres.
En cinco años el total de personal que ha tomado el curso ha sido de 8,008, fueron 5,991 hombres y 2017 mujeres.
De un vistazo
Plan de trabajo
Al finalizar el curso se espera que el personal oficial sea capaz de reconocer el concepto de los derechos humanos; reconocer lo fundamental de su actuación en la protección de los derechos de los detenidos y manejar las consecuencias en caso de incurrir en alguna conducta violatoria de derechos.
