Liconsa, empresa del Gobierno federal que se publicita como dependencia con responsabilidad social, conformada por capital humano de excelencia, benefició con miles de millones de pesos… a sus directivos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó un desastre millonario en Liconsa durante el último año de la Administración de Enrique Peña Nieto.
Sobreprecios, compras fantasma, aviadores, deudas pendientes de cobrar, descontrol en la salida de mercancías, así como contratos ilegales de propaganda, son parte de las irregularidades detectadas en ese organismo, entonces dependiente de la Sedesol, primero a cargo de Rosario Robles y después del oaxaqueño Eviel Pérez Magaña.
De acuerdo con la ASF, suman más de 2 mil millones de pesos no justificados o que fueron erogados sin la documentación probatoria en 2018.
La empresa fue encabezada por Héctor Pablo Ramírez Puga de diciembre de 2012 a febrero de 2018 y después por el también oaxaqueño Abelardo Manzo González, ex senador del PRI y quien se desempeñaba como director general de Opciones Productivas, bajo las órdenes directas de Eviel Pérez Magaña.
Entre las irregularidades halladas por la ASF, se reportó por ejemplo que Liconsa no comprobó el gasto de mil 441 millones de pesos de la partidas «Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima».
En otro punto se establece que Liconsa recibió 200 millones de pesos para difundir la campaña «Liconsa, la leche que fortalece a México», sin estar programados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2018.
No obstante, con esos recursos se formalizaron 72 contratos por 199.7 millones, los cuales fueron adjudicados de manera directa a pesar de que no se trataba de un caso fortuito o de fuerza mayor.
También se detectaron a 37 servidores que no fueron migrados ni puestos en operación, lo que propició pagos injustificados por servicios no devengados por 25,926.0 miles de pesos, según el informe.
Las irregularidades se reportaron hasta en los almacenes de Liconsa, donde la auditoría identificó 117 mil 825 cajas de suplementos alimenticios valuados en 114.2 millones de pesos para cumplir con el Programa «Prospera Programa de Inclusión Social», los cuales no habían sido retirados para su distribución y consumo entre los beneficiarios del programa.
«Al respecto, el Auditor Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF informó a la Secretaría de Salud, mediante el oficio del 30 de julio de 2019, que hasta esa fecha no se habían retirado los suplementos alimenticios de los almacenes para determinar su destino final», señaló en el dictamen la ASF.
