El senador morenista Ricardo Monreal hizo pública la semana pasada su iniciativa sobre las redes sociales para, según él, proteger la libertad de expresión y el derecho a la información; sin embargo, especialistas han señalado los riesgos que tendría la aprobación de ese proyecto en materia de libertad de expresión.
En entrevista, Agneris Sampieri, integrante de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, expuso que la iniciativa de Monreal tiene “bastantes deficiencias que la vuelven, por un lado, impráctica, y por el otro, una amenaza a los derechos humanos que tenemos todas las personas dentro de internet, particularmente la libertad de expresión”.
Por separado, Raúl Trejo Delarbre, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, externó su extrañeza de que Monreal piense que un estado nacional deba y crea que pueda regular las redes sociodigitales como lo plantea en su texto.
“Las redes sociodigitales no están en un solo país, tienen domicilios en varios, su asentamiento principal es en Estados Unidos, los contenidos que todos consumimos están alojados en servidores en distintas naciones, muchos en California, otros en Europa, de tal manera que plantearse que un solo país puede regularlas es, en principio, ilusorio, y revela un desconocimiento inquietante de la realidad de internet y las redes asentadas en ella”, explicó.
La iniciativa de Monreal en cinco puntos “La protección de la libertad de expresión debe ser delimitada por el Estado, sólo cuando sea estrictamente necesario.”, es una de las premisas con las que fundamenta su iniciativa, pero la misma contiene cinco puntos importantes. De aprobarse su iniciativa, las empresas de redes sociales deberán solicitar al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) permiso para poder operar en México.
1. El Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá avalar los términos y condiciones de servicio de las redes sociales.
2. La suspensión de cuentas o perfiles, eliminación de contenidos o cancelación de cuentas o perfiles serán procedentes únicamente por las causas siguientes:
A. Se acredite que, en términos de los artículos 6 y 7 constitucionales, el mensaje o contenido difundidos, incluidas las noticias falsas, atacan la moral y el orden público, la vida privada y los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.
B. Se acredite la afectación a los derechos de las y los menores de edad.
C. Se acredite la difusión de mensajes de odio.
D. Se revelen datos personales en violación a lo dispuesto por las leyes de la materia.
4. El IFT recibirá las quejas de los usuarios de una cuenta o perfil de redes sociales por presunta violación a su derecho humano de libertad de expresión.
5. En caso de vulnerar la libertad de expresión, se prevén sanciones de hasta un millón de Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a 89 millones 620 mil pesos.
Los riesgos a la vista: definiciones ambiguas y libertad de expresión
Sampieri reconoce que en el mundo se está discutiendo la capacidad y el alcance de las plataformas y el impacto en los derechos, pero la manera en que se está abordando en México, con las iniciativa de Monreal y del diputado morenista Javier Hidalgo, “se desprenden diversas deficiencias que las vuelven preocupantes, en el tema de derechos humanos”.
La integrante de la R3D expuso que las definiciones plasmadas en la iniciativa de Monreal son deficientes, por ejemplo su concepción de red social.
«(La definición de) red social es muy deficiente porque es muy amplia, porque termina considerando como red social prácticamente cualquier sitio de internet que permite a sus usuarios difundir información y esto no incluye compañías como Facebook o Twitter, también incluye otros sitios como Wikipedia, incluso portales de noticias que permitan comentarios por parte de sus usuarios», explicó.
La definición de redes sociales, según Monreal «Servicio ofrecido a través de Internet cuya funcionalidad principal es difundir dentro de la plataforma información generada por sus propios usuarios como texto, datos, voz, imágenes, videos, música, sonidos o combinación de las anteriores, con la finalidad de informar, entretener o educar».
Sampieri explicó que al día de hoy hay políticas de las empresas para tratar de moderar el contenido dentro de sus plataformas con el fin de eliminar mensajes de odio, evitar desinformación y protección de datos y «pareciera que ahora es lo mismo que quieren hacer las autoridades».
«Estamos pasando de lo que sería una supuesta ‘censura privada’ a una censura estatal, ¿Por qué? Quienes ahora ponen las reglas del juego para determinar qué se entiende por mensajes de odio, noticias falsas, datos personales, vuelven a ser estas autoridades legislativas, estatales que no tienen derecho para determinar, por ejemplo, qué es falso o qué es verdadero», indicó.
La también activista por los derechos LGBTIQ+ indicó que esa idea ya fue rechazada por la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH), «quien se ha posicionado entorno a evitar la existencia de mecanismos de evaluación de veracidad de la información».
«Contar con un arbitro de la verdad, y sobre todo si este arbitro va a ser una autoridad estatal, es muy peligroso porque podemos quedar con información sesgada y que únicamente nos esté contando la verdad de una de las partes».
Trejo Delarbre aseguró que en ningún caso la intervención del estado garantiza el ejercicio de la libertad de expresión. «El estado tiene la obligación de crear las condiciones para que ese ejercicio sea posible, es decir, evitar la censura previa, en algunos casos atemperar el surgimiento de monopolios, propiciar la diversidad de las comunicaciones (…) pero nunca la libertad de expresión el estado la auspicia regulando contenidos»
El académico de la UNAM advirtió un «atentado a la libertad de expresión» de que el IFT instruya a las redes sociales sobre el retiro o mantenimiento de contenido.
Trejo Delarbre está de acuerdo con regular o presionar a las redes sociales para que sean transparentes en su funcionamiento, finanzas reglas y dar a conocer razonadamente las motivaciones “pero es imposible regularlas en un solo país”.
“A mí me parece que las redes han alcanzado un poder muy preocupante, un poder desmesurado, pero al senador Monreal le parece que estas redes, y en esto se ciñe a muchos mitos que corren al respecto, son capaces de modificar las maneras cómo piensan y las creencias de las personas y esto no es cierto” .
