Después de tres años, la Procuraduría General de la República (PGR) finalmente archivó la investigación iniciada contra los directivos de Infraiber por el supuesto espionaje telefónico y extorsión a ejecutivos de OHL-México, al concluir que no hay pruebas de delito en su contra.
La Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR notificó a un juez federal el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa PGR/UEIDCSPAJ/SP/M-VI/081/2016, de acuerdo con documentos judiciales.
La determinación favorece a Pedro Topete Vargas, dueño de Infraiber, así como al representante jurídico de su empresa, Paulo Diez Gargari, y otro de sus colaboradores de nombre José Luis Meana Trujillo.
«Al momento de la presente indagatoria no se cuenta con prueba que permita sustentar la imputación…, en consecuencia, la presunción de inocencia de éstos (los acusados) prevalece», dice la resolución firmada por Alejandro Pablo Martínez Rodríguez, fiscal de la Procuraduría.
En mayo de 2015, OHL-México denunció que sus directivos José Andrés de Oteyza Fernández, Pablo Wallentin Crawford, J. Jesús Campos López y José Luis Muñoz MacGregor fueron víctimas de espionaje telefónico desde enero de ese año.
En las grabaciones, que fueron divulgadas en un canal de Youtube a nombre de una mujer, los ejecutivos hablan mayormente de la concesión que tiene OHL del Viaducto Bicentenario en el Estado de México.
El 22 febrero de 2016, Juan Luis Osuna Gómez, director general de OHL Concesiones España, declaró a la PGR que José Luis Meana Trujillo le confesó que él y Pedro Topete eran los responsables de grabar ilegalmente dichas conversaciones.
Osuna habló de seis encuentros con Meana, antes y después de que se difundieran los audios, algunos de ellos en la Cafetería Capuchino de la Plaza de la Moraleja, en Arcobendas, Madrid.
Por este asunto, el 7 de septiembre de 2015, la PGR detuvo a Diez Gargari y lo llevó a declarar ante el Ministerio Público Federal, en una acción donde agentes de la Policía Federal Ministerial le «sembraron»una pistola calibre .38 Súper al abogado.
Dicha indagatoria también derivó en un cateo a las oficinas de Infraiber en Polanco, el 11 de septiembre del mismo año, en el cual la PGR aseguró las computadoras, tabletas y demás dispositivos electrónicos.
La dependencia incluso solicitó al Departamento de Justicia de Estados Unidos información del usuario y los IDs de la cuenta de Youtube que estuvo difundiendo los audios ilegales, sin embargo, le respondieron que una Corte del país vecino emitió una orden sellada por dos años que impedía a terceros tener acceso a los registros.
«De la asistencia jurídica solicitada a Estados Unidos, no se tiene identificado quién es el responsable de las grabaciones motivo de la presente investigación», dice la PGR.
Después de revisar todos los aparatos asegurados, no conseguir los datos del canal de Youtube ni alguna evidencia que fortaleciera la imputación de uno de los directivos de OHL, la Procuraduría concluyó que no había manera de imputarle el espionaje y la extorsión a Topete y compañía.
Infraiber indicó en un comunicado que esta indagatoria fue una represalia del Gobierno federal y OHL, por sus denuncias de corrupción al consorcio hispano mexicano.
«En realidad, tanto la denuncia de la corrupta OHL, como la averiguación previa ‘acordada’ entre OHL y la PGR, formaron parte de un espectáculo montado por la PGR como parte de la persecución de Estado ordenada por Enrique Peña Nieto en contra de Infraiber y su asesor jurídico, para proteger a OHL y a sus socios en el Gobierno», afirmó la empresa.
«Este uso faccioso de las instituciones encargadas de la procuración de justicia, que ha caracterizado a la Administración de Enrique Peña Nieto, es lamentable e inaceptable».
