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Los abusos no opacan la ola de solidaridad que ha cubierto a México en los últimos días, pero indignan a un país dolido por la catástrofe y volcado a su reconstrucción
Cadenas humanas interminables, brigadas de voluntarios que buscan los últimos cuerpos entre los escombros, toneladas y toneladas de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. Si una imagen del terremoto en México ha dado la vuelta al mundo es la de la solidaridad. El despliegue ha sido clave para las zonas más afectadas, tanto en Ciudad de México como en el sur del país. Pero aun entre miles de luces persisten algunas sombras.
Apenas se había desalojado el edificio de Enrique Rébsamen 241, en la céntrica colonia Narvarte de la capital, se formó una pequeña asamblea de vecinos ante el inminente riesgo de colapso. «¿Qué hacemos?», gritaba la presidenta del condominio: «¿Hacemos guardias?». «No se pueden quedar dos personas, tenemos que pasar la noche aquí todos, me están diciendo que hay muchos saqueos», respondía otro vecino desesperado. Desde el pasado 19 de septiembre se han escuchado historias de atracos aprovechando la vulnerabilidad tras la tragedia y la desconfianza ha aflorado en las zonas de devastación.
Damnificados que lo han perdido todo se aferran a lo último que pudieron rescatar. «Hoy duermo aquí, no vaya a ser que venga algún ratero a aprovecharse», afirmaba Antonio López, de 69 años, frente a las ruinas de su casa en Jojutla, una pequeña población arrasada del vecino Estado de Morelos. La escena se repetía en cada esquina: vecinos pasando la noche frente a los restos de su hogar por miedo al pillaje. Otros reportes de ladrones disfrazados de personal de Protección Civil o brigadistas y de connatos de peleas en centros de acopio y zonas de rescate por supuestos robos se han multiplicado en la prensa mexicana.
Apenas hace un par de días, un nuevo caso indignó al país, no sólo por el robo sino por la brutalidad del ultraje. Una mujer ha sido violada, dos hombres están hospitalizados y tres camionetas fueron arrasadas por la rapiña. Ese es el saldo de un atraco contra un grupo de voluntarios católicos que llevaban ayuda al Estado sureño de Oaxaca, una de las zonas más afectadas por los últimos dos terremotos. Los atacantes, 26 hombres armados, emboscaron la camioneta del grupo el martes, informó la Arquidiócesis de México.
«Nuestra indignación es contra el Gobierno federal, que no está protegiendo a las brigadas de ayuda», reclamó Carlos Arvizú, administrador de la fundación Papa Francisco Pro Felicitas, que realizó el acopio de los enseres en California y envió a los voluntarios a Oaxaca. «Ellos no están ayudando, no trabajan ni llevan víveres (…) se han limitado a llamar a la sociedad civil a que apoye, pero el trabajo que a ellos les toca, el de brindar seguridad a quienes ayudan, es prácticamente nulo», agregó.
La organización ya presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal y canceló el envío de un camión de enseres a Michoacán, también en el sureste de México. «Deberíamos estar preocupados por las consecuencias del terremoto, y no por la vida de los voluntarios», lamentó Arvizú en un comunicado. El problema se recrudece cuando se considera el alcance del sismo y la urgencia por recibir la ayuda. Tan solo en Oaxaca murieron más de 70 personas tras los terremotos del 7 y 19 de septiembre.
Las historias de abusos han alcanzado límites inverosímiles. La familia de Alejandra Vicente, una estudiante de sociología que murió en el derrumbe del edificio en el Viaducto Miguel Alemán, ha denunciado que cuando fueron a cancelar sus cuentas bancarias, estas habían sido «vaciadas». Más de 33.000 pesos (alrededor de 1.700 dólares), todos los ahorros de la universitaria, se habían esfumado en compras en Zara y la tienda de electrónicos Best Buy. Vicente murió el 19 de septiembre y las transacciones se efectuaron seis días más tarde.
Otro de los problemas han sido las dudas sobre la entrega de las ayudas. Los choques entre grupos de voluntarios y autoridades locales han dado pie a acusaciones sobre el reparto de las donaciones, que supuestamente se han bloqueado, condicionado o repartido con eslóganes partidistas. Desde la esposa del gobernador de Morelos (cuestionada en redes sociales y los medios por la retención de apoyos) hasta los diputados locales en todo el país que impulsan sus campañas con la mira a las elecciones de 2018, los roces entre los ciudadanos y la clase política son cada vez más álgidos.
Los abusos no han opacado la ola de solidaridad que ha cubierto a México en los últimos días, pero indignan a un país dolido por la catástrofe y volcado a su reconstrucción.