La Cámara de Diputados aprobó la minuta en materia de fuero que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución para que el Presidente pueda ser juzgado, entre otros delitos graves, por corrupción.
Debido a que hubo cambios, fue devuelta al Senado.
En la discusión, la diputada del PRD, Claudia Reyes Montiel, expuso que si bien su partido respaldará la reforma constitucional, ésta no tendrá impacto si no se modifica el procedimiento mediante el cual se determina la responsabilidad del Ejecutivo.
«Mientras el procedimiento en contra del Presidente dependa de una mayoría en el Congreso y no de la potestad de una fiscalía autónoma y libre para realizar las investigaciones, el procedimiento penal en contra de un Presidente en funciones no tiene ninguna posibilidad de llevarse a cabo», indicó.
La perredista dijo que espera que esta modificación no sea utilizada para la persecución política.
Iván Arturo Pérez Negrón, del PES, afirmó que esta reforma significa barrer las escaleras de arriba hacia abajo.
Expuso que, de acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la corrupción cuesta 80 mil millones de pesos.
Adriana Gabriela Medina Ortiz, de MC, advirtió que la Fiscalía General de la República no ha dado muestras claras de su capacidad y de su independencia.
Un ejemplo de ello, comentó, es que no se han fortalecido los casos que la actual Administración heredó del sexenio pasado.
Coincidió en que esta reforma podría derivar en la persecución de rivales políticos que incluso desde el Legislativo tengan posiciones incómodas.
Dijo que a su partido le habría gustado que la comisión realizara mayores modificaciones a la minuta, entre ellos, dar certeza de mayor independencia de los poderes.
Fernández Noroña, del PT, aseveró que el fuero no es un privilegio, ya que no evita que los atropellos se den.
«Me parece una irresponsabilidad grande, un acto suicida retirarle el fuero al Presidente de la República», expresó.
No obstante, indicó, la determinación de abrir el camino para poder procesar al jefe del Ejecutivo es una medida correcta, ya que no había manera de proceder en su contra.
Consideró que incluir entre los motivos para procesar al Presidente los delitos contenidos en el artículo 19 constitucional implica algunos excesos.
El priista Cruz Juvenal Roa planteó que esta reforma no es para eliminar el fuero del Presidente, sino para ampliar el catálogo de delitos por el que podrá se imputado.
Entre ellos, dijo, delincuencia organizada, violación, trata de personas, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, delitos en materia de hidrocarburos o abuso a menores.
El panista Ricardo Villarreal acusó que la reforma ni remotamente elimina el fuero constitucional y acusó a Morena de engañar al pueblo de México.