El presidente de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud, informó que se inició una queja de oficio para investigar estos hechos y determinar si la autoridad incurrió en alguna acción u omisión que pudiera causar la muerte del joven detenido.
Goff Ailloud hizo un llamado urgente a los alcaldes de los 106 municipios a atender las deficiencias en las cárceles municipales que, de manera reiterada, la Comisión ha señalado en sus informes.
Recordó que en repetidas ocasiones se han dado a conocer diversas deficiencias que imperan en las cárceles públicas como: la falta dictámenes y atención médica oportuna, de supervisión permanente a las personas detenidas, lejanía de las celdas de las comandancias, de iluminación, ventilación, registro de ingresos y egresos, por mencionar algunas.
Así como la mala práctica de dejar desvestidos a los detenidos atentando así contra la dignidad humana.
El Ombudsman indicó que, de acuerdo al último informe de supervisión se constató que el 68% de las cárceles no cumplen con las reglas mínimas de operación ni cuentan con Bandos de Policía y Buen Gobierno, dejando en estado de indefensión a los detenidos.
Por lo que urgió a tomar medidas inmediatas que garanticen la no repetición de estos hechos y recordó que toda persona detenida se encuentra bajo la responsabilidad de la autoridad y su dignidad, integridad física, personal y la vida deben de ser respetadas y garantizadas.
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