Lleva 21 años un juicio del Inegi con exempleados
Cuarenta y cinco trabajadores yucatecos que laboraron en el desaparecido Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), llevan un juicio laboral de casi 21 años sin obtener una solución a su demanda de liquidación por despido injustificado.
Tres de los promotores de amparos, demandas laborales, juicios de revisión y negociaciones políticas son Roger Guerrero Zaldívar, Julio Cervantes Valencia y Ángel Pech Puc.
Ellos creen que este juicio laboral es el más longevo de Yucatán y quizá de México porque abarcó parte del sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, las administraciones completas de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, así como los casi tres años de Andrés Manuel López Obrador.
Es decir, ni los gobiernos del PRI, PAN y Morena han podido solucionar este problema laboral que afecta a 140 yucatecos y 1,300 del país.
“Está vivo el juicio, pero no nos informan del laudo definitivo ni vemos que el Inegi quiera solucionar esta demanda que lleva más de 20 años”, señaló el profesor Guerrero Zaldívar, quien guarda los comprobantes de pago de salarios de ocho años para acreditar su antigüedad laboral.
“Ya queremos cerrar este caso, pero necesitamos tener a la mano el laudo final y definitivo que emitió el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que sepamos con certeza la antigüedad que nos reconocen las prestaciones económicas a las que tenemos derecho, porque exigimos 27 en total y conocer el monto del finiquito”, reiteró.
Los tres entrevistados informaron que, además de las demandas laborales y juicios de amparo para obtener su liquidación, han realizado gestiones ante altos funcionarios del gobierno federal y legisladores, contrataron a prestigiados abogados laboristas y aparentemente ganaron la demanda laboral, pero no tienen el laudo definitivo y eso les genera incertidumbre.
Otra cosa que les causa inquietud e incertidumbre es el monto del finiquito. Tras intensas negociaciones de la coalición Inegi Estatal y Nacional que agrupa a los despedidos del país, el resultado de los amparos y acuerdos legales y políticos, acordaron con la Secretaría de Gobernación de la administración de Ernesto Zedillo el pago de una liquidación de $600,000 a cada trabajador demandante, pero nunca recibieron tal cantidad ni supieron si fue verdad este acuerdo.
En la continuación de los juicios y gestiones de 2004 a 2006 las negociaciones monetarias bajaron a $200,000; de 2007 a 2009 bajaron a $120,000 y $100,000, lo que ocasionó que muchos firmaran su conformidad y dieran por terminado el conflicto, aunque tampoco les consta porque oficialmente no hubo una firma de finiquito con el Inegi.
Acercamiento
El pleito laboral continuó del 2010 al 2019 y fue hasta que entregaron sendas cartas al presidente López Obrador, una en Izamal durante un mitin como candidato a la Presidencia y otra en Mérida ya como presidente en funciones, cuando tuvieron nuevas noticias del juicio.
“Después de varias peticiones entregadas personalmente al presidente López Obrador, a los seis meses el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje nos informó por conducto del licenciado Rubén Mérida que el juicio está ganado parcialmente, fue a nuestro favor”, relató Roger Guerrero.
“El 2 de julio de 2019 el tribunal de conciliación federal nos informa por medio de ese abogado en relación con los juicios acumulados 1717/00 y 3724/00 que pasemos a cobrar un cheque de $14,000 en promedio. Esa cantidad es el 2.3% del cálculo del monto inicial de liquidación y corresponde a seis de 27 prestaciones y una antigüedad reconocida de menos de dos años de trabajo, cuando la mayoría puede acreditar que trabajaron cuatro, seis, ocho y hasta 12 años para el Inegi. Hay una total incertidumbre que queremos aclarar para que tomemos una decisión”.
Asimismo, lamentaron que el Inegi estatal y nacional, el Tribunal de Conciliación Federal, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo y la Plataforma Nacional de Transparencia no puedan proporcionar documentos que arrojen la verdad de este largo juicio.
“Pedimos información a la Plataforma Nacional de Transparencia y simplemente el sistema nos bloquea, que está saturado”, reportó Ángel Pech. “Estamos pidiendo la hoja única de servicio al Inegi para conocer la antigüedad que reconoce y no nos la da. Nos pueden jugar una trampa para no reconocer el verdadero tiempo de trabajo”.
La historia de este conflicto laboral se remonta a agosto de 1992 cuando el presidente Salinas de Gortari crea el Procede y el Inegi capacita y contrata a 1,300 profesionistas, de los cuales 140 son de Yucatán, para el trabajo de medición y certificación de todos los ejidos y solares urbanos.
En diciembre de 2000 vino el despido injustificado e inició la demanda laboral, cuya sentencia es un misterio.
Actualmente, en la entrevista, le piden al presidente López Obrador: “por favor, háganos justicia”.
