Sin embargo, las pruebas aportadas contra el ex titular de la SHCP por Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), no han sido entregadas a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) para consolidar las indagatorias que involucran a diversos funcionarios federales, ex gobernadores y dirigentes del PRI en torno a cuestiones de financiamiento ilícito en los comicios de 2015, revelaron autoridades ministeriales.
El Ministerio Público Federal solicitó en la última semana de octubre la orden de captura en contra de Videgaray Caso, y el expediente fue puesto a consideración de un juez federal con sede en el Reclusorio Norte, donde aún no se emite la resolución correspondiente, indicaron funcionarios judiciales, luego de que la FGR no ha dado a conocer detalles de los delitos que le imputa al que fue coordinador de la campaña presidencial de Enrique peña Nieto en 2012.
De acuerdo con la información recabada, el titular de la SEIDF, Juan Ramos López –quien fue designado en el cargo en junio de 2019–, ha sido quien negoció con Lozoya Austin la promesa de recibir beneficios legales si aceptaba colaborar con la FGR en la indagatoria de los sobornos entregados por la empresa barasileña Odebrecht y llevar a tribunales a Videgaray Caso.
Ramos López también ha sido pieza importante en las negociaciones con el ex oficial mayor de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Emilio Zebadúa, para que aporte información que lleve a la integración de indagatorias y la posterior consignación de implicados en la llamada estafa maestra.
Respecto de la investigación contra Videgaray Caso, en las investigaciones financieras y documentales aportadas por naciones como España, Suiza y Brasil se cuenta con pruebas que acreditarían el involucramiento del ex titular de la SHCP en el manejo de al menos 4 millones de dólares aportados por la constructora Odebrecht durante la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin embargo, aunque la FGR cuenta con la FEDE para investigaciones relacionadas con delitos electorales y que este organismo tiene abiertas diversas indagatorias por financiamiento ilícito en Veracruz, Chihuahua durante la campaña presidencial en 2012, así como las locales de 2015, la SEIDF no ha proporcionado copia de sus pruebas.
Funcionarios federales señalaron que la FEDE ha tenido problemas para tratar de acreditar que sigue vigente la posibilidad de sancionar a quienes participaron en la recepción y movilización de recursos a la campaña presidencial de 2012, y todavía se trabaja en la integración de las acusaciones por financiamiento ilícito en 2015 para campañas priístas, por lo que están a la espera de que los datos que surjan de las investigaciones que se siguen por el tema de Odebrecht y de la llamada estafa maestra le sean entregadas en coadyuvancia.
