La Secretaría de Educación del gobierno del Estado de Yucatán (Segey) dio importante paso contra la violencia en los planteles de educación básica con la publicación de un acuerdo que establece el protocolo a seguir en situaciones de ese tipo.
El protocolo es fruto de un trabajo coordinado de la Segey con aportaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (Prodemefa), la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Unidad de Clínica e Investigación Victimológica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady) y la Secretaría de las Mujeres.
El acuerdo se publicó el viernes pasado en el Diario Oficial del Estado y establece las pautas que orientan la actuación del personal de nivel básico en las escuelas públicas y particulares autorizadas o incorporadas a la Segey ante situaciones de violencia cometidas por personas mayores de 18 años de edad contra niñas, niños y adolescentes.
De igual manera, se aplicará en aquellos casos en que una persona que tenga entre 12 y 18 años de edad sea señalada como responsable de la comisión o participación en un hecho que la ley señale como delito y que se haya perpetrado contra otra niña, niño o adolescente.
Para este propósito se consideran las siguientes formas de violencia: violencia física, abuso y explotación sexual, violencia psicológica o descuido emocional (violencia mental), y descuido o trato negligente.
De acuerdo con el Comité de los Derechos del Niño, indica el acuerdo, la violencia contra niñas, niños y adolescentes incluye “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental” que pone en grave peligro su supervivencia y su desarrollo físico, espiritual, moral y social.
El nombre de este nuevo instrumento legal es “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia detectadas o cometidas en contra de niñas, niños y adolescentes en los planteles escolares de educación básica del Estado de Yucatán” y sustituye al “Protocolo de actuación en caso de probable riesgo, maltrato o delito sexual en contra de niños, niñas y adolescentes, para su aplicación en las escuelas de educación básica del Estado de Yucatán”, que estaba vigente desde 2014.
Un detalle sobresaliente es que el protocolo establece los pasos a seguir incluso cuando se detecte que la violencia proviene del exterior del colegio y afecta al educando.
El personal de la escuela podrá advertir e identificar indicadores que lleven a presumir que un niño, niña o adolescente ha sido o está siendo afectada por una situación de violencia que implica alguna vulneración de sus derechos o podría configurar una conducta delictiva que lo lleve a convertirse en víctima.
Se mencionan los indicadores que se deben advertir en casos de riesgo de abuso sexual infantil —por ejemplo, temor de ir al baño, negarse a ir o permanecer en la escuela, cambios en la vestimenta, fugas de la casa, etcétera—, de maltrato en la escuela —sensibilidad extrema, tendencia a aislarse y crisis de llanto sin explicación, entre otros— y maltrato en general (conductas extremas, temor manifiesto a sus padres, tutores u otros adultos en su casa, supuestos golpes o accidentes fortuitos para justificar marcas en el cuerpo…)
Se precisa que la identificación de un indicador por sí solo no significa que el menor esté sufriendo algún tipo de violencia. En todo caso se recomienda dar seguimiento a las señales que se observen en el colegio.
En el protocolo se marcan los pasos a seguir desde el momento en que se activa el protocolo y cómo debe actuar el personal de las escuelas —desde los maestros de aula hasta los directivos— y el personal de las dependencias de Educación, incluso hasta el probable momento en que se solicita la intervención de la Fiscalía General y la Prodemefa.
A esas acciones deben seguir medidas complementarias y de seguimiento, como solicitar apoyo para atención médica y vincular a la familia con las instancias de protección y ayuda a víctimas de delitos.
La autoridad educativa podrá aplicar sanciones laborales o administrativas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en el protocolo, ya sea por acción u omisión.
En este acuerdo aplica el criterio de discrecionalidad y confidencialidad, que consiste en la obligación de proteger los datos personales de las víctimas y de evitar la divulgación de información que pueda conducir a su identificación pública.— ÁNGEL NOH ESTRADA
Protocolo
Ya entró en vigor el nuevo protocolo contra la violencia en escuelas de nivel básico.
Sitios de prevención
Es necesario que los planteles escolares sean un lugar que promueva la prevención de cualquier tipo de violencia cometida contra niñas, niños y adolescentes, indica el acuerdo de la Secretaría de Educación.
Compromiso colectivo
La Segey indica que este propósito demanda un compromiso colectivo coordinado por las autoridades educativas federales, estatales y municipales e instituciones de diversa índole, que considere también la participación activa de todos los adultos que integran la comunidad educativa.
Hasta los tutores
Esto incluye, dice la dependencia, a quienes tengan a su cargo la guardia y custodia o tutela de niñas, niños y adolescentes.
