Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa anunciaron que, ante la falta de avances en la investigación sobre el paradero de sus hijos, realizarán una jornada de búsqueda del 19 al 23 mayo en Guerrero.
Además, indicaron que el 26 de mayo, cuando se cumplan 80 meses de la desaparición de los jóvenes, saldrán a manifestarse en las calles de Iguala, mientras que en la Ciudad de México llevarán a cabo una protesta del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez.
«La voluntad política del actual gobierno mexicano es clara, pero eso no alcanza. Desde marzo a la fecha estamos en la misma situación y la investigación y la búsqueda no presentan avances y no tenemos resultados», dijo el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, en un mitin desde la capital del país.
Recordó que en México, según cifras del gobierno, hay más de 85 mil desaparecidos y por ello mantienen su reclamo de justicia para saber dónde están los 43 jóvenes desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Ante los pocos avances, el abogado informó que el 8 de mayo se reunirán con distintas organizaciones en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa para discutir el tema de los 43 y de los miles de desaparecidos en el país.
Posteriormente, del 19 al 23 mayo recalcó que los familiares de los estudiantes realizarán búsquedas en pueblos y ciudades de Guerrero «con nuestros recursos y aún sabiendo los riesgos por la pandemia».
Añadió que ya no puede haber más esperas ni reuniones y por eso realizarán la búsqueda, donde exigirán que los estudiantes sean presentados con vida o, al menos, se obtenga información sobre su paradero.
En su intervención, el vocero de los padres, Melitón Ortega, dijo que «son 79 meses de dolor, de rabia de impotencia de coraje y hasta la fecha no hemos podido tener los resultados que deseamos: ver los 43 estudiantes».
La desaparición de los 43 normalistas
Según la desacreditada versión oficial del gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados en Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, por policías locales corruptos que los entregaron al cartel Guerreros Unidos, organización delictiva que los incineró en un basurero.
Este relato, conocido como la «verdad histórica», ha sido cuestionado por los familiares y expertos independientes, que han señalado que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar y han apuntado a la participación de militares y policías federales en el caso.
El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 ordenó reiniciar las investigaciones, anunció el pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición, que había órdenes de captura contra militares y policías federales.
En noviembre fue arrestado el primer miembro del Ejército vinculado a lo sucedido esa noche, el capitán José Martínez Crespo, quien está acusado de delincuencia organizada.
