Pavel Sosa, miembro de la organización Ruta Cívica e ingeniero de la UNAM, señaló que el Gobierno de la Ciudad debe dar a conocer los compromisos con las empresas que operarán la planta de termovalorización de basura, incluyendo aquellas beneficiadas en otros contratos.
REFORMA publicó que en el Consejo de Administración de la sociedad Termo WTE, que administrará la termovalorizadora, hay empresarios sin experiencia en el tema y proveedores del Gobierno capitalino en alimentos y cunas.
«Los ciudadanos necesitamos saber bajo qué esquema se dio esta participación. No se puede reservar quiénes ganaron, con qué propuesta técnicas ganaron, porque se va a pagar del fideicomiso de la Línea 12.
«No ser especialistas y operar el proyecto económico financiero más grande de la Ciudad de México huele mal», explicó Sosa.
Esta planta quemará diariamente 4 mil 500 toneladas de basura.
El experto en sustentabilidad señala que existe el riesgo de que las empresas operen sin supervisión, ya que fue el Gobierno quien puso garantías del pago del contrato por 33 años, cuando el privado siempre es quien debe garantizar la operación.
Además, dijo, tiene que transparentarse qué ocurre, si existe una rescisión de contrato, y si el riesgo es para las empresas o para el presupuesto de la Ciudad de México.
«Queremos saber bajo qué condiciones el Gobierno de la Ciudad puede rescindir ese contrato. Cuánto les va a costar», indicó.
