«¡Basta de impunidad!», reclama colectivo ciudadano
A la voz de “¡Ya basta de impunidad!”, frase que encierra en buena parte el propósito de su existencia, el colectivo ¡Ya Basta! pide que se aplique con rigor la ley en el escándalo de la Fiscalía General del Estado (FGE) y se castigue a quien se tenga que castigar, del nivel que sea.
En este caso, subraya la iniciativa ciudadana, asoma una amplia red de complicidades que va más allá de la Fiscalía, cuyo extitular Wílbert Cetina Arjona está estrechamente vinculado con “lo más infame de la mafia infame” que opera el tráfico de tierras en Yucatán.
También dice que, ante la abundancia de irregularidades que ha publicado el Diario sobre el tema, incluyendo reveladores audios, la autoridad está obligada a una investigación profunda en todas sus vertientes.
No obstante, considera que aparentemente la posición oficial es darle carpetazo a este asunto y a eso obedecen las confusas y contradictorias declaraciones de funcionarios, quizás con el objetivo de tender una cortina de humo y simular que se está haciendo algo, para que finalmente se consumen las “tapaderas”.
¡Ya Basta! detalla varias leyes que se están pasando por alto y recalca que, desafortunadamente, los hechos recientes confirman que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) es auténtica letra muerta.
“En medio de este escándalo, ninguna de las herramientas que nos brindan las leyes están siendo utilizadas”, subraya Blanca Estrada Mora, integrante del grupo promotor de ¡Ya Basta! “Los que deben intervenir se tiran la pelota para confundir a la opinión pública, en un claro encubrimiento —‘tapadera en lenguaje popular’— para arrojar una vez más el manto de la impunidad sobre un asunto que es de interés público”.
La profesora Estrada Mora, la abogada Marysol Canto Ortiz y el empresario Nicolás Andrés Dájer —todos parte del equipo promotor del colectivo— ofrecen en una entrevista sus puntos de vista sobre el caso del exfiscal Cetina Arjona y las repercusiones que tiene tanto en la sociedad como en el aparato de gobierno.
Aplicar la ley
De entrada precisan que no se suman a las voces que se limitan a pedir una investigación, por dos aspectos fundamentales: primero, la autoridad está obligada a investigar sin necesidad de que se le pida, y segundo, más que averiguar con criterios políticos lo que se tiene que hacer es aplicar la ley.
Precisamente sustentan sus declaraciones en una serie de leyes que aplican en este asunto, orientadas a la prevención y el combate de la corrupción, que nadie voltea a ver o simplemente no quiere ver dentro de la cadena de complicidades.
Delitos y delincuentes
Así, recalcan, se puede palpar la comisión de delitos que salpican tanto a servidores públicos como a particulares que han sido señalados con nombre y apellidos en las informaciones del Diario.
Los entrevistados desglosan sus declaraciones en los siguientes términos:
Freno a la impunidad.— ¡Ya Basta! tiene como uno de sus principios la cero tolerancia a la impunidad. En el escándalo de la Fiscalía el centro de la atención ha sido la renuncia de su extitular, pero en una revisión minuciosa aparece una red de complicidades que va más allá de la Fiscalía.
Las declaraciones que se han formulado de manera oficial parecen orientadas a confundir a la opinión pública con un objetivo más perverso: dar carpetazo.
Es claro que mientras haya impunidad seguirá existiendo la corrupción.
Actuación del exfiscal.— La cronología de los hechos que involucran al abogado Cetina Arjona, “la fiesta”, comenzó el 6 de agosto, cuando se dio a conocer el asalto a una residencia del norte de Mérida en el que se relaciona al especulador de tierras Gabriel Guzmán Millet.
El 19 de octubre se publicó los nexos de Guzmán Millet con el entonces fiscal. Un día después se abundó en esa vinculación y el día 22 Cetina Arjona lo negó.
El 3 de noviembre se informó de la renuncia de Wílbert Cetina y el 5 de noviembre se conoció públicamente, por medio del Diario, el primer audio que deja al descubierto la forma de operar de quien se suponía era el abogado del Estado.
Luego se conocieron más audios en los que se oye hablar de dinero, tierras, viajes, pugnas entre funcionarios, tráfico de influencias y otros conceptos que configuran ilícitos. No hay manera de esconderlo o disfrazarlo.
Al amparo del poder
La autoridad y el secreto bancario.— Ante datos tan contundentes que dejan al descubierto los audios, la autoridad está obligada a emprender una investigación profunda. Independientemente de que esas grabaciones puedan ser usadas como medio de prueba, la propia autoridad está obligada a descartar, uno por uno, cada hecho señalado y determinar o no si hay sanciones por aplicar.
En esos audios el exfiscal alude a negocios que realizaba al amparo de su cargo público. ¿Lo que tenía o tiene va acorde con su salario? La autoridad lo puede saber si quiere, porque la secrecía bancaria no tiene efectos en casos de corrupción.
El fiscal anticorrupción.—
En medio de este escándalo, la actuación del fiscal anticorrupción, José Enrique Goff Ailloud, es digna de un análisis por sus contradicciones, que parecen ser parte de una estrategia oficial para confundir a la opinión pública.
En principio, el 8 de noviembre declaró que si no hay denuncia no puede investigar, que hasta ese momento no había recibido denuncia alguna y que continuará pendiente de la situación.
El día 14 cambió de opinión, quizás porque alguien le jaló las orejas o le corrigió la plana. Entonces indicó que ya estaba investigando el escándalo, que incluso llevaba varios días con las pesquisas, cuando menos de una semana antes dijo otra cosa.
Esta última declaración la hizo al día siguiente de que recibió una exhortación del Congreso del Estado.
La Fiscalía Anticorrupción es parte del Sistema Estatal Anticorrupción, que en términos generales es letra muerta. Hasta hoy no hay indicios de que esté interesado en el tema.
La única parte del sistema anticorrupción que ha externado un posicionamiento, como le llamó, es el Comité de Participación Ciudadana, pero solo pide que se esclarezcan las circunstancias de la renuncia del fiscal
La base legal
En próxima edición, más señalamientos de ¡Ya Basta! sobre el escándalo del exfiscal.
Para sustentar sus declaraciones acerca de delitos cometidos y conductas que se deberían perseguir, el colectivo ciudadano menciona conceptos de las leyes del Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán y de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Lo que debería hacer
También habla del papel que debería desempeñar en este caso el Sistema Estatal Anticorrupción y la actuación que ha seguido hasta ahora.
Retos del Congreso
Otro aspecto de la entrevista son los retos que impone al Congreso del Estado la designación de quien se hará cargo de la Fiscalía General tras la renuncia de Wílberth Cetina.
