El Fiscal General de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció este miércoles que no suspenderá un programa que proporciona asesoría legal a migrantes indocumentados, rectificando así una decisión de principios de mes para terminarlo.
Sessions anunció su decisión durante una comparecencia ante un subcomité del Senado que financia al departamento a su cargo.
El funcionario, que había decidido suspender el Programa de Orientación Legal (LOP) mientras se le realizaba una revisión interna, aseguró que el Congreso le pidió mantenerlo activo durante este proceso.
El Gobierno creó este programa en 2003 durante la Presidencia del republicano George W. Bush para ofrecer asesoría legal a los indocumentados que carecen de ella a través de organizaciones sin ánimo de lucro.
Sessions explicó que pese a las inquietudes sobre el programa que expresó previamente, optó por mantenerlo tras conversar con congresistas de los dos partidos pertenecientes al subcomité, que habían decidido seguir financiando el plan.
«Por deferencia con el comité, he ordenado que no haya pausa mientras se lleva a cabo esa revisión», señaló Sessions.
«Espero evaluar los hallazgos mientras se produzcan y estaré en contacto con este comité cuando estén disponibles».
La revisión del programa y la decisión inicial de suspenderlo forman parte de una estrategia de Sessions para acelerar la resolución de los casos estancados en los tribunales de migración, un plan que también contempla aumentar el número de jueces.
También imponerles una cuota anual de casos que deben resolver.
Estos casos pueden tardar años en llegar ante un juez, un tiempo en el que generalmente los migrantes están autorizados a trabajar en Estados Unidos, lo que algunos ven como un incentivo a la migración irregular.
Muchos, sin embargo, han alertado que suspender el programa LOP producirá precisamente el efecto contrario.
Un informe interno del Departamento de Justicia recomendó este mes, justo después del anuncio de su suspensión, la expansión del programa, mientras que una auditoría de 2012 reveló que el LOP había reducido la duración de los casos, ahorrando al erario público 18 millones de dólares.
