Nos dicen que el nuevo Gobierno de Yucatán tiene dificultades, muy serias, para llegar a fin de año. Que hay “un faltante” por la friolera de 1900 millones de pesos, que pone en serios aprietos a la nueva administración para cumplir con sus compromisos en lo que resta del año, como es el pago de aguinaldos a la abultada burocracia estatal. La noticia, apenas dada a conocer, fue lanzada oficialmente por la titular de la SAF (Secretaría de Administración y Finanzas), Olga Rosas Moya, quien advirtió que esos 1900 millones faltan para terminar el ejercicio fiscal del 2018 y que no sabe qué hizo el gobierno anterior, de Rolando Zapata Bello, con tanto dinero. Si se lo gastó en fiestas, en publicidad en medios de comunicación, en las elecciones, en la organización de eventos protocolarios o si simplemente lo desviaron a empresas fantasmas. Sin embargo, Rosas Moya aclaró que en caso de haber habido cohecho o peculado con dichos 1900 millones de pesos, no le corresponde al gobierno de Mauricio Vila denunciarlo e investigarlo. Esa tarea le correspondería al Tribunal de lo Contencioso Administrativo o a la Vicefiscalía Especializada en delitos de combate a la Corrupción, según dicen.
Se afirma que existen “contingencias por más de 2,500 millones de pesos derivadas de observaciones hechas por órganos fiscalizadores, Auditoría Superior de la Federación (ASF) y Secretaría de la Función Pública (SFP), correspondientes al período 2012-2018”.
Además, se señala que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (Isstey) no tiene viabilidad financiera, desde hace muchos, por la falta de responsabilidad de los gobiernos estatales recientes y de sus administradores como Ulises Cabrera, de quien se decía que se andaba estrenando como “asesor” del nuevo gobierno estatal, precisamente.
Es decir. El Isstey está en la calle. Ni siquiera vendiendo todos sus activos, edificios, hotel, tiendas, reserva territorial de Ucú, tendría viabilidad. Eso nos advierten.
Por si fuera poco, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) dio a conocer que Yucatán perdió competitividad y transparencia en el uso de los recursos públicos. Esto, sin que lo notaran los consejeros del INAIP (Instituto de Transparencia de Yucatán).
Todas estas denuncias, obligadas, por parte de la nueva autoridad, y los anuncios de austeridad, contrastan con la aparición en Yucatán de un grupo de “influencers” como Atala Sarmiento y otros youtubers, actrices y actores de Televisa y Televisión Azteca, dizque muy influyentes en la opinión pública, con todos los gastos pagados por el gobierno de Yucatán.
Atala Sarmiento y el nutrido grupo de “influencers” fueron invitados a participar en las celebraciones de Noche de Muertos o Hanal Pixán en Valladolid, transporte, hotel y comidas, todo de lujo, pagado por el gobierno estatal. Los cuestionamientos del IMCO al gasto desmesurado del gobierno de Rolando Zapata en gasto burocrático (con sobre giro de 9 por ciento) y en ceremonias oficiales (172 por ciento), es de esperarse no se repita en gastos desmesurados en materia promocional y para financiar a «influencers» o medios comunicación capitalinos, como los que viajaron hasta Londres, todo pagado, con la secretaria de Turismo hipster, Michelle Fridman, recientemente.
¿Entonces, hay o no hay dinero para llegar a fin de año? ¿Hay o no austeridad?
El riesgo de un gobierno doble cara, estilo doctor Jekyll y doctor Hyde, está a la vista.
Fuente: infolliteras
