Aunque asegura que lo vendió desde 2002, el edificio de Calzada de la Viga 1155 no deja de traerle problemas a la candidata del Frente por la CDMX, Alejandra Barrales.
El inmueble fue embargado por segunda ocasión en 2016 como parte de un juicio ejecutivo mercantil promovido por prestamista que reclamaba un adeudo de 12 millones de pesos.
Barrales buscó un amparo argumentando que no fue notificada y que tenía un domicilio distinto, un juez federal se lo negó y el pasado 2 de febrero, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil lo negó también.
Sólo concedió el amparo a la mamá y a la hermana de la ex Senadora, quienes también firmaron los pagarés del préstamo.
Parte central de la resolución del juez y del tribunal colegiado es que las dos veces que se presentó un actuario a Calzada de la Viga 1155 en 2016 fue atendido por una persona que dijo ser empleado de Barrales.
Además, ella no probó a tiempo tener otro domicilio.
La candidata difundió la semana pasada un contrato, según el cual, vendió el edificio en 2002 por 1.1 millones de pesos, pero admitió que el cambio de dueño no se reflejó en el Registro Público.
Y la implica dicho de empleado
Documentos judiciales obtenidos por REFORMA indican que el 6 de septiembre de 2016, un actuario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil se presentó en Calzada de la Viga 1155.
Iba a emplazar a la ex senadora como parte de una demanda por 12 millones de pesos promovida en su contra por Antonio Abad García. El actuario, fue atendido por Alejandro Muñoz Aldana.
«(Esta persona) declaró ser empleado de la buscada (Barrales) y que en ese domicilio vive, pero que en ese momento no se encuentra», asentó el actuario Abraham García en su cédula.
Al día siguiente, el actuario y el propio Abad García regresaron para requerir el pago de los 12 millones. Nuevamente los atendió Muñoz y, como no exhibió el dinero, se decretó el embargo.
El edificio estuvo embargado en 2006 por otra demanda contra Barrales, presentada por Norma Gomez del Olmo.
El 2 de febrero, el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil negó un amparo a la ex lideresa del PRD contra la condena a pagar los 12 millones a García, porque no probó haber tenido un domicilio distinto en 2016.
En dicha sentencia, el tribunal rechazó estudiar el contrato de 2002, porque Barrales no lo anexó en su demanda de amparo ante el Juzgado de Distrito, sino que pretendió introducirlo seis meses después, en la revisión ante el tribunal colegiado.
«Correspondía a (Barrales) haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia y acreditar el desconocimiento de la persona que dijo ser su empleado», afirmó el tribunal.
El 22 de marzo de 2017, REFORMA difundió la condena a pagar 12 millones a Abad García, resultado de un juicio en el que no se defendieron Barrales, su madre y su hermana, que en 2015 también firmaron los pagarés del préstamo.
Un día después, la candidata rechazó haber obtenido el préstamo y denunció que el juicio fue tramitado sin su conocimiento, por lo que promovió el amparo que le fue negado y que sí ganaron su hermana y su madre.
Esto porque no fueron emplazadas al juicio iniciado por Abad García, mismo que está de nuevo en trámite.
